Problemas en puerta

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Al margen del eventual impacto de las elecciones en Estados Unidos, aquí hay una batería de problemas en puerta que reclaman definiciones y decisiones por parte del oficialismo si quiere consolidar el gobierno y darle perspectiva al movimiento.

Las políticas de seguridad, bienestar social y educación exigen ajustes por parte del gobierno. La postura ante la corrupción y las elecciones urge un acuerdo gobierno-partido, seguido de una acción contundente e inmediata. Y Morena requiere operar cambios en su estructura, operación y diseño de alianzas.

Esas materias demandan actuar rápida y acertadamente porque, en breve, definirán no sólo el rumbo y destino del sexenio, sino también de la pretendida transformación. El oficialismo se la juega en los próximos meses.

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Varias políticas gubernamentales están dando de sí o, bien, revelando que, en la premura -la velocidad cuenta- por aplicarlas, fallaron los cálculos y se ignoraron los efectos secundarios.

A raíz del reclamo estadounidense y el clamor nacional de actuar contra el crimen, en seguridad se dio un giro importante, pero parcial. Se lanzó una ofensiva contra capos y subcapos de la delincuencia, sin considerar dos aspectos. Uno, tras satisfacer el reclamo, el trumpismo redobló la exigencia: instó a aprehender también a los socios políticos del crimen y, hasta ahora, el gobierno ha limitado esa acción al nivel municipal, resistiendo investigar a gobernadores, legisladores, dirigentes y cuadros de alto nivel con indicios de probable asociación. Dos, el viraje se concentró en la acción inmediata y directa, pero -pese a lo prometido- no reestructuró policías, fiscalías ni sistema penitenciario. Ahora, las cárceles representan una bomba de tiempo por la sobrepoblación y la disputa del crimen por su control. Evidencia de esa falta de previsión, la ampliación del catálogo de delitos susceptibles de prisión preventiva y la decisión pequeña y tardía de construir seis nuevos penales con capacidad de 18 mil 480 reclusos, cuando se presume que, a causa del giro, hay 70 mil detenidos. En ese campo una crisis toca a la puerta.

En cuanto a la política social, dos cuestiones resaltan. Pese al mejor, pero aún mediocre desempeño económico del último trimestre, el crecimiento no da para sostener la entrega directa de recursos a la población, vía pensiones y becas, sobre todo, si no desata el nudo gordiano del empleo y el trabajo. Aunado a ello, la movilización de sectores sociales relacionados con la salud, el magisterio, el transporte carretero y la búsqueda de personas desaparecidas advierte que esa política no se agota en el asistencialismo, repartiendo dinero. Si la intención es abatir el déficit y no hipotecar al país, el gobierno está orillado a tomar decisiones radicales en favor de un Estado de bienestar sin poner en peligro las finanzas.

Al centro de la política educativa (más allá de las becas) se puso a los maestros, no a los estudiantes. Dar acceso a la educación sin asegurar que la calidad de ésta garantice alcanzar un mejor nivel de vida y trabajo es una apuesta. Ese problema aún no late con fuerza, pero viendo la protesta estudiantil en otros países sería absurdo no reconocer que lo mismo podría ocurrir aquí.

En torno a esas políticas urge replantear la postura gubernamental, antes que los problemas relacionados con ellas estallen y deriven en crisis.

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Lo sucedido con Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral puso de relieve dos asuntos: cómo la corrupción corroe incluso a instituciones que parecían exentas de ella y cómo la autoridad, en este caso del árbitro electoral, puede desmoronarse en días.

En la lucha anticorrupción, el gobierno y su partido han aplicado una doble vara: firmeza y contundencia hacia el adversario o el pasado en contraste con tibieza y tolerancia hacia el partidario o el presente. Eso sí, siempre presumiendo encarnar la honestidad valiente. Poco le han importado al oficialismo los indicios sobre cuadros propios dignos de postularse como candidatos al penal del Altiplano. En aras de una mal entendida unidad, ambas instancias han dado juego a la complicidad o la impunidad que terminará por afectarlos.

Asimismo, el asunto Taddei coloca al gobierno y a Morena ante una crisis y, a la vez, ante una oportunidad: la rabia que provoca ver cómo de una institución apreciada se hizo un botín es, a la vez, energía para iniciar una verdadera batida contra la corrupción. No entrarle a ese problema ancestral vulnera cualquier posibilidad de cambio. El punto es si hay disposición y condición de ir no sólo contra quienes se abomina, sino también contra quienes vulneran y hunden un proyecto.

La otra vertiente del enredo en que la sonorense ensartó al cuatroteísmo no es menor. Contando con la preferencia electoral, el oficialismo debería -en sentido contrario a lo hecho- esmerarse en cuidar el proceso electoral y revestirlo de autenticidad y legitimidad. En la decisión de ir hasta donde hay que llegar con Taddei y sus socios, así como con otros se juega mucho.

El país necesita, como aquí se ha dicho, de un maxiproceso si se quiere regenerar la política y la vida pública.

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Morena, a su vez, debe interesarse no sólo por acceder al poder, sino también por administrarlo con eficacia, demandar resultados a quienes encumbra en él y llamarlos a cuenta. Precisa revisar en serio su propio gobierno para no vivir o sucumbir a la sombra de un liderazgo, además, de actuar contra quienes se sirven del movimiento, en vez de servirlo Y, desde luego, fijar si la alianza con sus socios es programática o sólo electoral. Le urge.

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En cuestión de meses, el oficialismo está llamado a corregir políticas y estrategias porque varias de ellas ya dieron de sí.